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Sentencia estimatoria. Condena en costas en reclamación de cláusula suelo.

 

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Bufete Capellà está de enhorabuena. El pasado 22 de diciembre de 2017 el Juzgado de Primera Instancia 17 bis de Palma de Mallorca dictó sentencia sobre una reclamación de cláusula suelo en la que la entidad bancaria (Banco Popular) se allanaba a las pretensiones de nuestro cliente. No obstante dicho allanamiento, el banco demandado solicitó que no hubiera condena en costas por entender que no se habían cumplido los requisitos del Real Decreto-Ley 1/2017 de 20 de enero, en lo referente a notificación previa a la interposición de la citada demanda (demanda extrajudicial).

Ese Real Decreto-Ley requiere la previa reclamación al banco de la cláusula suelo para condenar en costas en la reclamación judicial para el caso en que no se hubiera atendido a dicha reclamación extrajudicial o la cantidad ofrecida no fuera la correcta. En el caso que nos ocupa, defendido por el director del departamento procesal de Bufete Capellà, Jorge Costa, los consumidores reclamaron tras haber realizado un requerimiento por burofax al banco en fecha 3 de enero de 2017, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley. La entidad bancaria ofreció restituir una determinada cantidad pero se negaba a eliminar del contrato de préstamo la cláusula suelo. Dicha negativa motivó la interposición de la demanda, por parte de nuestro cliente, sobre la que ha recaído fallo.

La sentencia de referencia concluye que el banco está obligado a pagar las costas judiciales, entendiendo que no cabe la aplicación del Real Decreto-Ley de 20 de enero de 2017 al haberse verificado la reclamación antes de su entrada en vigor. Además, el Juez condena a la devolución de las cantidades según los cálculos hechos por el perito contratado de parte y no, como pretendía el Banco, según los cálculos verificados por éste.

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Sobre cumplir el expediente (mal) o hacerlo bien: COMPLIANCE

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La Fiscalía preocupada por el abuso que hacen las empresas de los planes de cumplimiento cosméticos

Fuente: CONFILEGAL Luis Javier Sanchez - 16 diciembre, 2017

Los expertos vienen detectado en los últimos meses movimientos de fraude en los propios programas de cumplimiento, los denominados papers compliance, planes de cumplimiento cosméticos, preocupa a las autoridades y ya la fiscalía está trabajando sobre ello porque solo pretenden burlar la obligatoriedad de contar con ese programa.

Es la otra cara del progreso, generar actividades a bajo precio y con poca calidad. El problema es que el no tener un programa de cumplimiento adecuado puede generar en la empresa que lo adquiera, además de daños reputacionales, programas serios con la justicia. “ En una cuestión de este tipo hay que procurar no reducir costes y contar con el programa de cumplimiento normativo adecuado a tu mapa de riesgos”, destaca Juan Antonio Frago, fiscal provincial de A Coruña y ponente de este III Congreso Nacional de Compliance.

Para este jurista, un profesional que lleva estudiando desde el 2013 la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que su blog http://enocasionesveoreos.blogspot.com.es/  es una referencia de consulta obligada para empresas y responsables en cumplimiento “las empresas no deben de incurrir en este tipo de riesgos por querer ahorrarse unos euros. Sin embargo hemos destacado que algunas se alejan de los estándares de calidad y se limitan a copiar programas de cumplimiento de terceros”.

El desarrollo de este tipo de prácticas fraudulentas deja claro para este jurista que suscita reservas sobre la propia idoneidad del modelo de cumplimiento adoptado y si realmente hay un verdadero compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas.

“Esta es una práctica irregular que empieza a crecer y eso ha hecho que la fiscalía esté tomando medidas para impedir su desarrollo”, apuntó. Lo único que se puede hacer: impugnar el documento y no concederle ninguna validez, con lo que se debe formular acusación sin atenuantes ni eximentes contra la persona jurídica.

Frago recordó que “los programas de cumplimiento deben ser claros, precisos y eficaces y, desde luego redactados por escrito”. Al mismo tiempo recordó que no basta Con la existencia de un programa, por completo que sea , sino que  deberá acreditarse su adecuación para prevenir el  delito  concreto que se ha cometido, debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el  contenido del programa y la infracción”

Sobre esa adecuación destaca que “se hace desde la transversalidad. Viendo cada delito respecto a cada área, especialmente respecto a las “calientes” de la empresa (contabilidad, ventas, I+D+I, etc.). Se examinará si  en cada sección de la empresa, o al menos en la afectada por el delito, estaba previsto el delito y qué medidas concretas se habían establecido para eliminarlo o, al menos, paliarlo. Hay que recordar que la Conclusión 19ª de la Circular 1/2016 FGE da un gran valor a la colaboración por la empresa tras el delito”.

Planes de cumplimiento que son un fraude

Nuestro interlocutor señala que “los papers compliance o planes de cumplimiento normativos cosméticos son un fraude al art. 31 bis 2 y 4 del Código Penal, lo cual supondrá que la persona jurídica que los aporte se pueda ver privada de la eximente prevista para las personas jurídicas en caso de delito cometido por el mando o por el empleado”.

Y añade que “para empezar, además de que será imposible evitar la multa, de conformidad con el art. 71 de la nueva ley de contratos del sector público, publicada en el BOE del 8 de noviembre de 2017, supondrá verse privado de la posibilidad de contratar con las diferentes  administraciones públicas (Estado, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.).

Juan Antonio Frago, fiscal provincial de A Coruña y experto en cumplimiento normativo.

En cuanto a la proliferación Frago señala que “no se puede decir que se hayan generalizado, ni mucho menos, pero sí se han detectado casos, al igual que ocurrió en su día con la prevención de riesgos laborales: comprar un manual para cumplir formalmente y aportarlo si hay una investigación penal, pero no buscar aplicarlo realmente”.

Sobre quien es el responsable de estos programas falsos, Juan Antonio Frago señala que “Primero tendríamos la de quien  elabora el manual, que sería civil en todo caso y, dependiendo del supuesto y la concreta prueba, no sería del todo descabellado pensar en que se configure como garante a los efectos del Código Penal. Otro tanto podría ocurrir con el compliance officer que haya tenido un tiempo prudencial para descubrir que el manual, que necesariamente no ha tenido que redactar él, hace aguas”.

Respecto a cómo se detecta un plan de cumplimiento cosmético este jurista señala que “Hay muchas alternativas: En primer lugar, los planes por exceso, como los 14 tomos de una causa que se comentó, que no es digerible por ningún trabajador ni empleado.

Junto a ellos los Planes por defecto, que sólo hagan un copia-pega del Código Penal sin incluir los elementos del art. 31 bis 5 del Código penal. Planes sin monitorización o adaptación posterior (31 bis 5. 6º Cp) y por último “ Planes que se puedan demostrar que formalmente son correctos, pero que con otras pruebas, como correos electrónicos filtrados, se pueda demostrar que eran un paripé”

¿Qué fallos tienen las empresas en materia de cumplimiento?

Según numerosos estudios y casos recientes, puede observarse que dentro de las fallas más frecuentes de las empresas en cuanto a compliance se encuentra la implementación de sistemas sin el adecuado conocimiento de la compañía, el desarrollo del sistema sin tener en cuenta el sistema de gestión de riesgos, no diseñar un plan de revisión y evaluación del funcionamiento del sistema y que el programa no tenga una inmersión adecuada en la cultura organizacional (lo que hace que la empresa no lo apropie).

Ahora bien, ante esta realidad un lector puede preguntarse: ¿entonces qué se debe hacer? Lo primero es que un programa de compliance debe incluir mecanismos para anticiparse a prácticas no deseadas dentro de una empresa y también debe incluir los mecanismos para detectar actos de corrupción, fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo, y para responder a tiempo.

Así las cosas, un programa adecuado debería incluir como mínimo lo siguiente: En primer lugar debe designar un oficial de cumplimiento o compliance officer, quien es la persona encargada de diseñar, implementar y verificar el el cumplimiento del sistema. Al mismo tiempo se debe diseñar un sistema de gestión de riesgos e implementar un sistema de denuncias.

Otros elementos que deben contar con los programas de cumplimiento solventes es que deben implementar  un código de ética o conducta, así como adpotar  políticas y procedimientos, tales como controles del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción.

Al mismo tiempo, el programa de cumplimiento debe ayudar a la gestión de los conflictos de interés, a la adopción de planes internos de capacitación relacionados con el manejo de los riesgos y tendría que contar con un sistema disciplinario que sancione efectivamente los incumplimientos al sistema.

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Daniel Castro Abogado Penalista de Bufete Capellà en el diario Ultima Hora

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Condenado a 5 años de prisión por abuso sexual y por grabar a menores

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El acusado, durante el juicio.

11-01-2018 | Guillermo Esteban

La Audiencia de Palma ha condenado este jueves a 5 años de prisión y una multa de 1.440 euros por abusos sexuales, corrupción de menores y posesión de pornografía infantil a un hombre que ha admitido los hechos y que grabó a niños cuando se cambiaban de ropa en los vestuarios de un polideportivo de Palma.

La sección primera de la Audiencia ha dictado este jueves la sentencia en el juicio, ante la admisión de los hechos por parte del acusado delante del tribunal y debido a que la Fiscalía y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad.

Para fijar la pena que ha solicitado, la Fiscalía ha tenido en cuenta la admisión de los hechos por parte del acusado y que ha indemnizado a la única víctima de abusos con 20.000 euros. El ministerio público ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño y ha pedido 5 años de prisión. Antes del juicio reclamaba 17 años.

El acusado, defendido por el abogado Daniel Castro, ha aceptado los hechos, su calificación jurídica y también las penas solicitadas.

La presidenta del tribunal, la magistrada Samantha Romero, ha dictado la sentencia y ha condenado al acusado, de 72 años, como autor de un delito de abuso sexual a 4 años de prisión, por corrupción de menores a 1 año y por posesión de pornografía a una multa de 1.440 euros.

Además lo ha condenado a 10 años de libertad vigilada y le ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de 3 menores y comunicarse con ellos por tiempo de 6 años.

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Daniel Castro Abogado Penalista de Bufete Capellà en Diario de Mallorca

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Condenado a 5 años por abusos sexuales y grabar a niños en un vestuario

El acusado, de 72 años, ha admitido hoy en la Audiencia que contactaba con menores a quienes propuso tener sexo a cambio de dinero y droga

11.01.2018 | 11:31


Condenado a 5 años por abusos sexuales y grabar a niños en un vestuario

Un acusado de 72 años ha aceptado hoy en la Audiencia de Palma una condena de cinco años de prisión y una multa por contactar con un grupo de menores de 15 años en la isla a quienes propuso mantener sexo a cambio de dinero o marihuana en el verano de 2016. De uno de los adolescentes abusó sexualmente y le fotografió desnudo en su domicilio en Palma, mientras que a otros niños les grababa sin que se dieran cuenta cuando se cambiaban en los vestuarios del polideportivo de Son Moix.

El septuagenario sospechoso, que actualmente está preso, se ha declarado hoy por la mañana autor responsable de un delito de abuso sexual, otro de corrupción de menores y de posesión de pornografía infantil. Inicialmente, se enfrentaba a una petición de condena del fiscal de 17 años de cárcel. Hoy las partes han alcanzado un acuerdo y, tras rebajarle las penas, el encausado, defendido por el letrado Daniel Castro, ha admitido los cargos ante el tribunal de la sección primera.

La sala le ha apreciado la circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada, ya que el hombre ha pagado una indemnización de 20.000 euros a uno de los perjudicados. La presidenta del tribunal ha dictado sentencia 'in voce' y le ha concedido el plazo de una semana para que pague íntegramente la multa de doce meses a razón de cuatro euros diarios.

Además de los cinco años de prisión y la multa con los que se ha conformado, también se le ha impuesto la medida de diez años de libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con los tres adolescentes perjudicados por un periodo de seis años.

Los hechos se remontan al verano de 2016, cuando el sospechoso contactó con un grupo de menores, aprovechándose de su minoría de edad y de ser más influenciables y fáciles de convencer. Les propuso tener sexo a cambio de dinero o droga y trató de impresionarles y ganarse su confianza mostrándose con un flamante Jaguar rojo y un Ferrari del mismo color.

A uno de los perjudicados de 15 años le convenció para que fuera a su casa y le dio 50 euros. Luego, lo desnudó y abusó de él. También le fotografió desnudo. 

El acusado acudía con frecuencia al polideportivo de Son Moix, en Palma, situado en el Camí de la Vileta, donde grababa a otros niños con su teléfono móvil sin que estos se dieran cuenta cuando se estaban cambiando en los vestuarios.

La Policía Nacional realizó un registro el pasado 30 de noviembre de 2016 en el domicilio del septuagenario, en Palma, y se le intervino su ordenador portátil con un disco duro de almacenamiento. Allí, los investigadores encontraron archivos de fotos y vídeos de contenido pedófilo, con unas 30 imágenes de menores que mostraban su torso desnudo y sus genitales.

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Consultorio Jurídico Canal4 Radio - Bufete Capellà

 

Una representación del Bufete Capellà compuesta por Magdalena Capellà, Jorge Costa, Daniel Castro, Xisca Maria Vallespir Vicens, Manuella Fernandez, Neus Vidal y Teo Gijon ha tenido el placer de acudir a los estudios de radio de Canal4 TV - Grup 4 Canal4 Diario y de la mano de Miguel Angel Ariza Monserrat, dentro de su programa "entre tu i jo", poder presentarnos y hablar sobre nuestras especialidades prácticas.

Además hemos podido dar unas pinceladas de lo que será la próxima tertulia o consultorio jurídico que se llevará a cabo dentro del programa y todos los viernes que el conductor del mismo tenga la amabilidad de invitarnos. Prometemos portarnos bien para que sea cada viernes.

Será un espacio de una hora aproximadamente en el que dar tratamiento a diversos temas jurídicos con la intención de orientar a los oyentes sobre sus derechos y obligaciones, sobre prevención de problemas jurídicos, sobre el modo correcto de hacer valer esos derechos.

Se intentarán resolver las dudas y consultas que la audiencia quiera hacernos llegar, tanto a través de nuestra web, como de nuestros perfiles en redes sociales o a través de los telefónos de #canal4radio.

Esperamos poder ser útiles, proporcionando conocimientos y pautas sencillas y, de igual forma, esperamos hacerlo de forma amena para engancharos un poco al mundo del Derecho.

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Bufete Capellà ofrece Servicio de orientación jurídica en el Ajuntament de Calvià

 

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Bufete Capellà lleva a cabo en el Ajuntament de Calvià un servicio de asesoramiento jurídico, orientación e intermediación en temas de vivienda habitual dirigido a la población en situación de vulnerabilidad social.

A través de este servicio se ofrece a aquella población en situación de vulnerabilidad social del municipio de Calvià un asesoramiento jurídico y orientación en temas de
vivienda habitual. Además Bufete Capellà ejerce su intermediación frente a las entidades crédito en materia hipotecaria a los deudores de préstamos hipotecarios obtenidos para financiar la adquisición de su vivienda habitual, así como a los titulares de contratos de alquiler destinados a vivienda habitual.

Puedes obtener más información contactando con Bufete Capellà y en la web del Ajuntament de Calvià.

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Bufete Capellà en 5 dies de IB3 tv "Herencias"

 

Jorge Costa, jefe de departamento civil y procesal de Bufete Capellà, junto al notario José Antonio Carbonell Crespi en el magazine Cinc dies IB3 estuvieron tratando el tema de las herencias. Puedes ver la versión completa en la web de IB3 TV "a la carta".

 
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Miquel Capellà en Diario de Mallorca

 

Miquel Capellà:"Me da vergüenza y tristeza cómo ha acabado Sa Nostra"

El expresidente de la entidad se hunde en IB3 Televisió, pero no se siente "responsable" de su caída

08.11.2017 | 08:50

Miquel Capellà, expresidente de Sa Nostra, se emociona al recordar que consideraba sagrada la entidad.

"Cuando yo dejé Sa Nostra, si los directivos hubiesen llevado a cabo las cosas tal como yo las había orientado o las había propuesto, no hubiera acabado así. Y esto me da una cierta tristeza y una cierta vergüenza". Miquel Capellà, abogado y presidente de Sa Nostra entre 1999 y 2002, carga contra los antiguos directivos de la caja de ahorros de Balears en un reportaje emitido ayer por la noche en IB3 Televisió en el programa Zoom de los servicios informativos sobre la caída de Sa Nostra.

"Yo no me siento responsable de cómo ha acabado, lo que me siento es muy triste de cómo ha acabado", asegura Capellà en referencia a la debacle de la entidad financiera.

La Audiencia Nacional investiga a 21 miembros de la antigua directiva de Sa Nostra, tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Se les imputa delitos económicos por presuntamente haber causado un agujero de cien millones de euros a Sa Nostra por la falta de control a la hora de invertir recursos en proyectos inmobiliarios entre 2005 y 2010, a través de la empresa filial Inver Nostra.

Entre las zonas afectadas, se encuentra Son Bordoy, una finca agrícola de es Molinar, en Palma, cuya urbanización está en proyecto, pese a la oposición vecinal. Esta finca, de 112.000 metros cuadrados en la que está previsto que se construyan 750 viviendas tanto protegidas como de precio libre, fue recalificada para urbanizarla, según destaca el documental de IB3. Son Bordoy y otras fincas cercanas como Son Morlà y Son Morlanet, en Palma, figuran en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que ahora investiga la Audiencia Nacional en el denominado caso de Sa Nostra.

Precisamente, la Audiencia Nacional ha impuesto a los exdirectivos investigados una fianza de responsabilidad civil de 135 millones de euros, la caución más alta de la historia de Balears. El trasfondo del caso son las elevadísimas inversiones que la entidad financiera realizó en negocios inmobiliarios alrededor del mundo sin ninguna garantía de poder recuperar luego estas ingentes cantidades de dinero.

Guerra con Batle

Miquel Capellà, que se alejó del mundo financiero antes de que estallara el boom inmobiliario y que dejó Sa Nostra tras la guerra soterrada que ganó el exdirector general de la institución Pere Batle, reconoce que las cajas se equivocaron: "Hay un momento en el que hay una guerra entre la banca y las cajas de ahorros, incluida Sa Nostra. Las cajas se equivocaron, entre ellas Sa Nostra, cuando pensaron que participar en grandes proyectos inmobiliarios podía ser una forma de recaudar recursos, ya que tenían la ventaja del conocimiento del cliente".

"Recuerdo que era un motivo de orgullo poder trabajar en Sa Nostra, la gente quería Sa Nostra. Y me parecía imposible, de hecho una de las primeras cosas que no hice cuando entré fue intentar investigar o saber si había movimientos dudosos dentro porque me parecía imposible que una entidad que yo consideraba sagrada [se emociona y guardia silencio], y que mucha otra gente también lo consideraba como yo, se pudiese desbaratar haciendo maniobras como parece ser, según las últimas noticias de la prensa, sí que ha habido", asegura el expresidente emocionado y visiblemente afectado, a punto de derrumbarse ante la cámara de televisión.

"El consejo de administración ni tenía conocimiento del funcionamiento de estas instituciones y entidades ni tampoco tenían una preocupación suficiente en el momento de tomar las decisiones que tomaban", detalla Capellà en referencia a la relación entre la caja de ahorros y las administraciones como el Consell, el Govern o los ayuntamientos.

"Además, Sa Nostra tenía un ámbito de influencia dentro de la sociedad. Una parte de los miembros del consejo de administración venían de estas entidades o instituciones. Tenían una influencia que podían utilizar en beneficio suyo y en beneficio de sus clientes. Todo lo que fuera en beneficio de sus clientes me parecía casi casi obligado, pero lo que era en beneficio suyo y de cuatro directivos no me parecía honrado", recalca Capellà.

Varias operaciones inmobiliarias fallidas en las que se vio implicada Sa Nostra han sido investigadas por la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga ahora el presunto desvío de cien millones de euros en varias operaciones inmobiliarias de la entidad. Algunos exdirectivos ya han declarado, entre ellos Pau Dols. En cambio, a diferencia de otras comunidades autónomas, Balears no ha sometido la caída desastrosa de Sa Nostra a una comisión parlamentaria. Solo Ciudadanos y Podemos pidieron crear una comisión de investigación en el Parlament, pero los votos del PSIB y el PP la echaron atrás, según destaca el reportaje de IB3, que deja en entredicho el papel de los políticos y de los antiguos directivos de Sa Nostra en la debacle de la principal institución financiera de Balears.

 

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