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Vacaciones gratis - Falsas Intoxicaciones

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A propósito de la actualidad sobre denuncias falsas contra establecimientos hoteleros por supuesta intoxicación alimentaria promovidas por despachos de abogados británicos y sus "claim farmers" tiqueteros a pie de hotel, nuestro compañero letrado Carlos M. Florit Canals intervino como invitado en el programa "5 dies" de IB3 tv.

En Bufete Capellà conocemos esta problemática desde hace mucho tiempo y hemos defendido y defendemos con éxito los intereses de nuestros hoteleros y, como muestra, puedes leer el siguiente artículo de MALLORCADIARIO.COM del año 2009 (https://goo.gl/Ve3b3W)

 

El Bufete Capellà tumba a un gigante del turismo

No es que sea precisamente un David de la judicatura, ni mucho menos, pero a quien ha tumbado sí que es un auténtico Goliat. El Bufete Capellà ha conseguido derrotar en los tribunales a todo un gigante europeo del turismo tras nueve años de largo litigio consiguiendo una indemnización cercana a los 2,5 millones de euros por incumplimiento de contrato para el propietario del antiguo Hotel Aquamar de Calas de Mallorca –hoy Club Cala Romaní, con 450 dependencias entre apartamentos y habitaciones- y salvarlo de una condena que, a tenor de las exigencias del gran grupo turístico, no podría ser inferior a ¡¡¡18 millones de euros!!!

El litigio tiene su origen en el año 2000 tras unos hechos desencadenados desde 1998 por un brote de salmonelosis confirmado por la Conselleria de Sanidad en el que se vieron afectados un total de 92 clientes: alrededor de 60 ingleses y el resto alemanes. En Alemania no hubo problema alguno por esta intoxicación pero el touroperador británico se la guardó y en julio del 2000 se inventó que la piscina del hotel estaba infestada de cryptosporidium, un parásito que provoca infección aguda y diarrea -que no padeció ningún cliente-, y acabó exigiendo por ambos incidentes una indemnización brutal con cifras astronómicas en la que sin dar más explicaciones acabó incluyendo en la lista de perjudicados a cerca de… 800 personas, a pesar de que la invención del gigante del turismo de existencia de cryptosporidium en la piscina del hotel fuera negada hasta en cuatro analíticas realizadas por otras tantas empresas e instituciones, entre ellas el Govern, y todo después de haber mantenido cerrada la instalación preventivamente durante varios días en pleno mes de agosto del 2000 y con el hotel a tope.

El planteamiento de la demanda suponía el abismo para la propiedad del establecimiento mallorquín. La ruina total. Sin posibilidad de que ningún seguro le cubriera ante tan estratosférica exigencia de resarcimiento. Además estos acontecimientos supusieron la desvinculación por parte del gigante del turismo del contrato de garantía que tenía suscrito con el hotelero mallorquín hasta 2003 sin resarcirle con pago alguno por lo que éste demandó al grupo turístico por incumplimiento de contrato a través del Bufete Capellà.

Arrancaba así este largo proceso en el que la primera victoria del David mallorquín fue conseguir que fueran los tribunales españoles y no los británicos quienes juzgaran el tema. El gigante turístico quería que el caso se decidiera en Inglaterra preparando una encerrona al hotelero pactando con la firma de abogados que representaba a los clientes supuestamente afectados unas suculentísimas minutas –en torno a los 500 millones de las antiguas pesetas- a cargo, eso sí, del dueño del Hotel Aquamar. De esta manera Goliat se libraba además de la mala prensa con que le atosigaba en los tabloides británicos la firma de letrados que representaba a los clientes.

El siguiente paso fue desmontar la larga lista de clientes que se sumaron a la denuncia. Todo el Bufete Capellà se puso manos a la obra y con el letrado Carlos Florit dedicado en cuerpo y alma al tema, no tardó en probar que de los más de 700 clientes, el 40% no estaba alojado en el hotel en los días del presunto brote de cryptosporidium, lo estuvieron seis meses antes o cuatro después y estos brotes, cuando se producen, son puntuales y su efecto sólo perdura unos días. Del resto se demostró que tres de cada cuatro denuncias eran falsas lo que reveló las malas artes de la firma de abogados británica especializada en representar a clientes descontentos de sus vacaciones y la falta de justificación del gigante turístico a la hora tanto de dar por buenas las denuncias falsas como de romper su contrato de garantía con el hotelero mallorquín.

Todo esto ha pesado a la hora de que tanto en primera instancia como en segunda, según sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, la justicia haya fallado que no hubo cryptosporidium y que el gigante del turismo incumplió el contrato de garantía de manera injustificada. Sobre la primera causa, la de la salmonelosis que sí afecto a 60 de sus clientes no hay pronunciamiento porque el touroperador se centró sólo en el caso del 2000 y se olvidó de emprender actuaciones por la salmonelosis.

De fondo queda la indefensión de los hoteleros mallorquines cuando sus intereses se deciden en los juzgados británicos, la falta de ética de determinadas firmas de abogados que quieren hacer su agosto incitando a los turistas a denunciar al establecimiento tras sus vacaciones llegando a utilizar para ello la amenaza de la prensa sensacionalista y que un Goliat, por muy gigante que sea, no siempre se sale con la suya. Por su parte, el dueño del entonces Aquamar, hoy Club Cala Romaní de Calas de Mallorca, ha logrado evitar su defunción como empresario a pesar de haber sido vetado por los touropredores británicos que no le mandan clientes en solidaridad con el gigante condenado. Trabaja otros mercados y sólo consigue reservas de ingleses a través de Internet, directamente del cliente… y afortunadamente, según dice, cada vez son más.

FUENTE MALLORCADIARIO.COM

 

 

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Los peligros de auto-asesorarse en internet

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PREÁMBULO

No vamos a hablar hoy de la legalidad o ilegalidad de colgar artículos de contenido jurídico en internet, ni se va a sostener desde nuestro blog que toda la información extraída de internet sea falsa, justo al contrario. En nuestro quehacer diario, todos los abogados utilizamos, y de forma casi imperativa, el contenido jurídico de la red, si bien siempre seleccionando aquellas fuentes dignas de confianza y empleando las bases de datos especializadas para profesionales de la justicia.

Recientemente fue publicado un artículo en un diario digital bajo el título "El peligro del Doctor Google: falla dos de cada tres veces". No deja de ser una simplificación culpar al buscador del uso que se hace de la información que se distribuye en internet. En todo caso, sí es clarificador del resultado que tiene hacer uso de contenido que pueda estar desactualizado o pueda no ser el idóneo para resolver los problemas que el usuario trata de resolver. Por eso existen los profesionales en cada sector: asesoran y realizan tareas para las los demás no están preparados. Algo así sucede con los asuntos jurídicos.

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El interés del menor

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Con el permiso de nuestra querida Lina Pons, Jorge Costa, director del departamento civil y procesal del Bufete Capellà, ha invitado al Doctor en Derecho y profesor emérito de la UIB José Ángel Torres Lana a tratar el tema de la protección jurídica del menor en nuestro consultorio jurídico radiofónico de este viernes 2 de junio. Como experto en la materia, el catedrático nos ha explicado que la protección jurídica del menor, aparte de por las normas contenidas en los convenios y tratados internacionales suscritos y de los que es parte nuestro país, viene configurada por las leyes orgánicas 1/1996, de 15 de enero, de protección del menor y la Ley 26/2015, de 28 de julio que vienen a establecer un sistema integrado de protección de la infancia y la adolescencia. Estas leyes vienen a cumplir el mandato constitucional contenido en el artículo 39 de nuestra constitución, el cual establece la obligación para los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

El actual sistema de protección del menor es fruto de una reforma iniciada años atrás, que ha incluido modificaciones importantes del código civil y la publicación de leyes o modificaciones legislativas de carácter cuasi reglamentario a juicio del Torres Lana, por su grado de desarrollo y concreción, las cuales han intentado incluir a todos los profesionales relacionados con el menor y articular los mecanismos para la protección de sus intereses.

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