Responsabilidad patrimonial de la Administración

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El abogado del Bufete Capellà y experto en Derecho administrativo Josep Grimalt acudió el pasado viernes 24 de febrero al programa de Ultima Hora Radio “Hoy es el día” y, junto con su presentadora, Lina Pons, trato de ilustrarnos sobre un asunto que, a buen seguro, incumbe a muchos ciudadanos y podrán considerar muy útil: la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

En virtud del art. 106.2, de la Constitución Española, que señala que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, se materializa un derecho de todos los administrados a ser resarcidos por la Administración siempre que se den ciertos requisitos o presupuestos.

Un dato esencial que ha destacado el administrativista Grimalt con respecto a esa responsabilidad, para que pueda ser achacable a la Administración es que el ciudadano no tenga la obligación de soportar el daño sufrido, que ese daño sea efectivo, evaluable económicamente y que venga individualizado en una persona o grupo de ellas determinado. Es en estos casos en que puede venir a exigirse por la vía de responsabilidad patrimonial la reparación del daño.

Como ejemplos típicos en que la responsabilidad patrimonial de la Administración entra en juego, el letrado ha destacado la responsabilidad derivada de mala praxis, error médico o de una negligencia médica de los servicios públicos de salud o, el más típico de todos, la responsabilidad surgida por lesiones a causa de accidentes ocurridos en la calle, por mal estado del pavimento.

El letrado del Bufete Capellà ha manifestado a la audiencia que para exigir el resarcimiento de los daños causados por la administración y aunque existen procedimientos específicos en función de las circunstancias, es la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos y del Procedimiento Administrativo común la que establece un procedimiento general en su art. 139.1. Expresamente se limita la responsabilidad de la Administración a los casos en que no concurra fuerza mayor.

Enumerando los requisitos o presupuestos para el resarcimiento de los daños ocasionados por la Administración Josep Grimalt destaca:

  • Por obvio que sea no puede dejar de nombrarse: que el daño sea imputable a la Administración. Que sea achacable al hacer o dejar de hacer de la Administración.
  • Efectividad del resultado lesivo. El daño debe ser efectivo y real. En dicho daño puede incluirse y ser resarcido el lucro cesante, esto es, lo efectivamente dañado y lo que se ha dejado de ingresar como consecuencia
  • Que el administrado que sufre el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo.
  • Que el daño sea fruto del funcionamiento (normal o anormal) de un servicio público, esto es, que exista entre ese funcionamiento de la administración y el daño un nexo directo y también único.

Durante toda su exposición, el abogado ha dejado patente que, según la ley, no tienen la consideración de indemnizables aquellos daños derivados de hechos que no se hubiesen podido prever o que previéndolos no se hubieran podido evitar haciendo uso de ciencia y técnica del momento en que se produjeron (la causa mayor) o los daños que el administrado tenga el deber jurídico de soportar (los cuales se consideran lícitos o no indemnizables, por ejemplo, las obras de remodelación de una calle que duran lo justo y necesario aunque mientras tanto a mi comercio debe accederse por una pasarela; el corte de un vial para el arreglo de una tubería, etc…)

Con respecto a las claves para el caso más común de petición de responsabilidad patrimonial a la administración, que es la lesión y daños derivados de una caída por el pavimento en mal estado (baldosa rota, zanja, etc.), el abogado nos ha recomendado, a la vez que pedir asesoramiento a un letrado, recordar lo siguiente: sacar una foto del objeto causante de la lesión o caída (baldosa rota), también recabar testigos si es posible. Permanecer en el sitio hasta la llegada de la policía local o de la ambulancia. Recabar el atestado o el parte de lesiones. Más tarde uno debe cuantificar económicamente el daño sufrido (certificado acreditativo de días de baja, de las lesiones y las secuelas, si las hubiera; factura de los elementos materiales que hayan sufrido rotura o deterioro; etc.) y así iniciar el procedimiento para verse resarcido en las lesiones o daños producidos.

Escucha el audio de la entrevista aquí :     altavoz.jpg     

 

 

2 comments

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